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| Sáenz de Santamaría y Ruíz Gallardón sincronizando decisiones |
La Abogacía del Estado, personada en el Caso Nóos$ Urdangaríny que sufragamos entre todos los contribuyentes, ha decidido presentar un escrito en el juzgado de instrucción nº 3 de Palma de Mallorca. En el citado escrito se adhiere al recurso presentado el pasado viernes por la Fiscalía Anticorrupción de Baleares contra la imputación de la infanta Cristina Federica Victoria Antonia de la Santísima Trinidad de Borbón y Grecia. Es decir, mujer del también imputado Iñaki Urdangarín e hija del Jefe del Estado.
Como se verá más adelante, esta decisión ni es casual, ni es una decisión menor, ni mucho menos resulta creíble que la haya tomado por si misma la jefa de la Abogacía en Baleares, María Ripoll Martínez de Bedoya, compañera de promoción de la actual Directora de Gabinete del Ministro de Justicia, Cristina Coto del Valle. Ministerio del que además la Abogacía del Estado depende orgánica y funcionalmente. Hasta el momento, su actuación en esta causa había pasado sin pena ni gloria. Apenas daban señales de vida dicen los que siguen la instrucción del caso.
Volvamos a la decisión. Decíamos que ni es casual ni forma parte de un mero trámite procesal. Todo lo contrario. Hay que enmarcarla dentro del despliegue de recursos públicos, de todo tipo y condición, que de modo sincronizado desde Moncloay desde Zarzuela se han puesto en movimiento para sacar a la imputada Infanta Cristina del Caso Nóos $ Urdangarín.
Primero fue la Fiscalía la que se movió atendiendo a las “sugerencias” del Fiscal General del Estado, EduardoTorres Dulce. En un abrir y cerrar de ojos, el fiscal anticorrupción, Pedro Horrach, recurrió el auto de imputación y hoy mismo, le ha seguido la Abogacía del Estado. En los tiempos muertos del caso y a la espera de lo que resuelva la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca han ido aparecieron en escena, de manera más o menos ordenada, una declaración de la Casa Real, claramente critica con la actuación del juez Castro, un ex ponente constitucional que es fichado como abogado estrella defensor de la imputada , un emirato árabe predispuesto a recibir en su seno como inmigrante de lujo al propio Urdangarín y todo ello acompañado de una cadena de declaraciones gubernamentales poniendo en valor el papel de la monarquía.
Es en este contexto y no en otro en el que Marta Silva de Lapuerta, Abogada General del Estado-Directora del Servicio Jurídico del Estado y superiora de María Ripoll Martínez de Bedoya, decide echar una mano a la defensa de la Infanta Cristina. Para los más despistados recordarles que Silva de Lapuerta, como indican sus apellidos, es hija de Federico Silva Muñoz, ex Ministro franquista de Obras Públicas (1965-1970), sobrina de Álvaro de Lapuerta y Quintero, conocido por su doble condición de imputado en el Caso Gürtely ex tesorero del PP. También ha colaborado como ex empleada del constructor Florentino Pérez.
Y es en este contexto y no en otro en el que, a su vez, Marta Silva de Lapuerta ejecuta una instrucción recibida de sus superiores que por este orden son :Alberto Ruiz Gallardón, Ministro de Justicia y ex Alcalde de Madrid y Soraya Sáenz de Santamaría, Vicepresidenta del Gobierno y Ministra de la Presidencia.
El primero , Ruiz Gallardón, no es un Ministro ajeno al Caso Nóos. Por el contrario sabe bien de que se está hablando y juzgando. De hecho, durante su etapa como Alcalde, la Fundación Madrid 2016, creada e impulsada por el mismo para promocionar la frustrada candidatura de la capital como sede de los Juegos Olímpicos, abonó casi 150.000 euros al duque de Palma por unos trabajos presuntamente ficticios de los que no hay el menor rastro documental.Esta generosa “donación a fondo perdido “ está siendo investigada por el juez Castro que se desplazó a Madrid el pasado 7 de Febrero para interrogar en calidad de imputada, a la ex consejera delegada del proyecto olímpico, Mercedes Coghen, a Gerardo Corral, director financiero de la candidatura, y a Miguel de la Villa, entonces director de Deportes del Ayuntamiento. El juez y el fiscal interrogaron como testigos, además, a la actual concejal de Deportes, Patricia Lázaro, y a Fernando Villalonga, edil de Las Artes. Tanto el juez como el fiscal volvieron a Palma de Mallorca como salieron. Es decir, con la duda más que razonable que en este asunto, como en otros muchos del Caso Nóos $ Urdangarín, el dinero de los contribuyentes ha pasado de unas manos a otras hacia un destino transfronterizo.
La otra superiora de Marta Silva de Lapuerta es la Vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría. A diferencia del Ministro de Justicia no hay constancia que durante su mandato y en áreas de su competencia se haya entregado dinero público al marido de la Infanta Cristina. Lo que sí que hay constancia, tal como se puede comprobar en el BOE, es que desde su llega a Moncloa ha favorecido la creación de una tupida red en todos y cada uno de los Ministerios y en un buen número de Instituciones y Organismo públicos, formada por Abogados del Estado que como ella misma y su subordinada Lapuerta han constituido un verdadero gobierno en la sombra. Sobre su modus operandi y quienes son podéis pinchar aquí para hacerosuna idea.Lo relevante a los efectos del tema que nos ocupa es que funcionan a golpe de llamada telefónica, cenas y comidas, no necesariamente oficiales y mucho menos públicas.
Y es en este contexto y no en otro en el que es prácticamente imposible que el escrito presentando ante el juez Castrono haya recibido el visto bueno de este selecto, jerárquico y endogámico club. En su mayoría tienen en común sus profundas convicciones conservadoras, corporativas y religiosas. Saben muy bien lo que representan y a quienes representan. Y no es un hecho menor para sus intereses, la imputación y las consecuencias que de la misma se derivarían si se mantuviera.
Vamos acabando. La decisión de recurrir la imputación de la Infanta, tomada bajo el mando directo de la Vicepresidenta y del Ministro de Justicia nace con una sospecha debajo del brazo que más pronto que tarde se acabará conociendo. Y es que, al menos , uno de ellos con su decisión se está acercando peligrosamente a figuras penales que en los últimos tiempos se han puesto de moda.